La transformación del Sistema Jurisdiccional a través del control de convencionalidad en México a raíz del caso paradigmático Rosendo Padilla.


Lic. Jesusita Bautista Cayetano,
Ombudsman de los Compañeros
Nacionales de Editores y Periodistas, A.C.


1.- Introducción.

A partir del 10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de la Organización de las Naciones Unidas, los países firmantes reconocen la importancia de proteger los derechos humanos de las personas, cabe mencionar que sus antecedentes los encontramos  en la época de la ilustración en el siglo XVIII, cuyos principios se basaron en la razón, la igualdad y la libertad, en donde los hombres pasan del oscurantismo en donde se les impedía pensar libremente, al alejamiento de los dogmas religiosos para explicar el mundo y sus acontecimientos, dando como resultado la guerra de independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, las cuales surgieron por el hartazgo de las sociedades ante los abusos de sus gobiernos, que se encontraban depositados en una persona, en el rey, en el caso de los Estados Unidos del soberano de la Gran Bretaña Jorge III, y de Francia de Luis XVI.

Es así como surgió  la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, aprobada por la asamblea de los representantes franceses el 26 de agosto de 1789, por lo que el Rey Luis XVI se vio obligado a ratificarla el 5 de octubre, misma que sirvió de preámbulo a la primera constitución de Francia, aprobada en 1791, y al estudiar dicha declaración en el artículo 2º establece que una de sus finalidades es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, tales como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, y en su artículo 8º encontramos el fundamento del acto de la autoridad, quien solo puede actuar bajo lo establecido en la ley y no fuera de ella, integrada por un preámbulo y 17 artículos
.
Como vemos en esta declaración se establecen los derechos civiles y políticos del hombre, por lo que el jurista checo Karel Vasak en 1979, los clasifico como la primera generación de los derechos humanos, proponiendo una segunda y tercera generación.

Posterior a la revolución industrial y a las muertes de la primera y segunda guerra mundial, surge en los países una preocupación para garantizar los derechos de la humanidad dentro del contexto personal, laboral y social, por lo que el 10 de diciembre 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que se compone de un preámbulo y treinta artículos, que recogen derechos además de los de carácter civil y políticos, abarca los derechos sociales, económicos y culturales, a los que se le conocen como derechos humanos de segunda generación, vinculados todos ellos con el principio de igualdad.

En cuanto a los derechos de la tercera generación, son conocidos como derechos de los pueblos o de solidaridad, surgen como una necesidad de colaboración entre las naciones, contemplando el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente y a la coexistencia pacífica.



2.- Derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2 establece que son todos aquellos derechos que tiene una persona independientemente de la condición o situación en que se encuentre, mismo que a continuación me permito transcribir:
“Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.[1]

 

De acuerdo con los instrumentos internacionales en la materia el Alto Comisionado de las Naciones Unidas establece las siguientes características de los derechos humanos:

Universales. Es decir pertenecen a toda persona, independientemente del lugar en donde se encuentre y son intransferibles, es decir no pueden ser objeto de venta o renunciar a ellos.

Inalienables. No se pueden transferir o vender, y salvo en algunos casos pueden ser restringidos, como es la libertad, en caso de que exista un mando judicial expedida por la autoridad competente, sin embargo, eso no implica que se pierdan los demás derechos, toda vez que las personas privadas de su libertad deben ser tratadas con respeto.
“Interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás” ”.[2]
Indivisibles. La vulneración de un derecho afecta el cumplimiento de los demás.

Iguales y no discriminatorios. La declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas somos iguales y nadie debe ser señalada o vejada en su dignidad, por su condición de mujer, de sexo, creencias religiosas o políticas.


3.- Sistema Jurisdiccional.

Ahora bien del 10 de diciembre de 1948 a la fecha han pasado  63 años, y es hasta el 10 de junio de 2011, en que fueron aprobadas las reformas constitucionales en nuestro País, en donde se estableció en el artículo 1º que todas las personas gozaran de los derechos humanos y de las garantías para su protección, estableciendo la importancia de su interpretación de conformidad con la constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Así mismo la obligatoriedad que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de:

  • Universalidad.
  • Interdependencia
  • Indivisibilidad y
  • Progresividad.

Esta reforma se derivó de una recomendación generalizada de organismos nacionales e internacionales, por destacar alguna se encuentra la recomendación de Reforma Constitucional de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien señalo que el concepto de los derechos humanos no se había incorporado a la Constitución. (Dictamen de 23 de abril de 2009, p.43) ”.[3]
Así mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 9120/2010, el catorce de julio de dos mil once, derivado del caso Rosendo Padilla determinó el modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad que se aplicara en nuestro país, se anexa el modelo.

Es decir el Estado Mexicano se ha visto obligado a dar pasos sólidos en esta materia, no solo de forma no jurisdiccional a través de las Comisiones de Derechos Humanos, sino también dentro del ámbito jurisdiccional, a pesar de las diferentes posiciones encontradas en los Ministros que tienen resistencia a juzgar con los criterios que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que únicamente en donde México sea parte, se deberá de cumplir con carácter de obligatorio, y donde no haya figurado, tendrá el carácter de orientador, sin embargo finalmente la mayoría acordó establecer el control de constitucionalidad y convencionalidad y no solo eso, fueron más allá, al resolver que para todos los jueces y magistrados y para todos aquellos funcionarios públicos que realicen labores jurisdiccionales y jurídicas del Poder Judicial de la Federación será necesaria la capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia, es decir al momento de resolver deberán de tomar en consideración los criterios establecidos por la Corte Interamericana o en su caso los de la Constitución aplicando lo más favorable para las personas.

La razón por la que es emblemático este caso es porque es un parte aguas en el Sistema Jurídico Mexicano en la administración de justicia, debido a que ahora figuran tanto constitucionalmente y su protección se garantiza a través del sistema jurisdiccional de protección de los derechos humanos, el cual tiene el carácter de coercitivo para las autoridades que sean sentenciadas a respetar y proteger tanto los derechos humanos como las garantías establecidas en nuestra carta magna y de igual forma tomar en consideración los criterios emitidos por la Corte Interamericana, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Así mismo hay que destacar que la primera vez que se utilizó el término “control de convencionalidad” como refiere Juan Carlos Hitters, en su artículo “Control de Constitucionalidad y control de convencionalidad”, comparación, fue en el año 2003, a través del voto razonado del Juez Sergio Ramírez, en la Corte Interamericana, en el Caso Myrna Mack Chang, como vemos a la fecha han pasado más de ocho años, posteriormente el mismo juez el siete de diciembre de dos mil cuatro en el caso TIBI, sostuvo que la tarea de los jueces transnacionales se asemeja a la de los Tribunales Constitucionales, ya que estos últimos inspeccionan los actos impugnados-disposiciones de alcance general- a la luz de las reglas, los principios y valores de la leyes fundamentales, “La Corte Interamericana por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la “Constitucionalidad”, el tribunal de derechos humanos, resuelve acerca de la “convencionalidad” de esos actos. A través del control de constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad la actividad del poder público-y,-eventualmente, de otros agentes sociales- al orden que entraña el Estado de Derecho en una sociedad democrática. El tribunal interamericano por su parte, pretende conformar esa actividad al orden internacional acogido en la convención en la convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los Estados Partes en ejercicio de su soberanía”.

Estudiando y analizando tanto las diferentes posturas de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia al resolver el expediente varios  9120/2010 y buscar información en la página de la UNAM encontré la postura de Carlos Castilla que concluye que “El control de la convencionalidad es la joya con la que cuenta la Corte Interamericana para la protección de los derechos humanos en la región, como lo es el control de constitucionalidad y legalidad con la que cuentan los tribunales nacionales, mezclar sus funciones o intercambiarlas en vez de solución y progreso en la protección de la persona puede generar conflicto donde no lo hay, así como mayor resistencia en donde por si, históricamente no ha sido sencillo entrar”.[4]

No obstante lo anterior, Miguel Carbonell expone que en México los abogados estamos discutiendo lo accesorio más no lo sustantivo, lo sustantivo es conocer el contenido de los tratados internacionales, y para que un juez pueda ejercer bien el control de convencionalidad tiene primero que conocer la Convención Americana de Derechos Humanos, segundo conocer la interpretación que han hecho en sus resoluciones la Comisión y la Corte Interamericana de derechos humanos, porque el fondo se llama no discriminación, libertad de expresión, libertad de tránsito, sin embargo, seguimos teniendo el chip metido, como durante tanto años lo tuvieron los juristas en amparo sin saber el abc, en lugar de saber cuáles son los criterios en torno a la libertad de expresión, y eso podría parecer fácil, pero no lo es, si así fuera un gobierno local no se hubiera atrevido a amenazar a una persona a treinta años por un twitter, y los problemas se encontrarían resueltos, y la responsabilidad de los juristas modernos es que conozcamos los derechos y la interpretación de los derechos que realiza la Corte Interamericana .[5]


Conclusión:

Ha sido para interesante analizar y estudiar todas y cada una de las personas que hoy en día se encuentran debatiendo los efectos de los derechos humanos en nuestro país, las posturas son distintas, pero como lo hemos visto una característica de los derechos humanos es que son progresivos, y llegaron para quedarse, así mismo, hoy en día una persona puede disponer de ambos sistemas tanto el jurisdiccional como el no jurisdiccional para la defensa de sus derechos humanos, los retos aún son varios, pero se va avanzando y rompiendo las barreras para ir consolidando una sociedad más justa y de igualdad.






[1] http://www.un.org/es/documents/udhr/
[3] Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Diario oficial de la Federación el 10 de junio de 2011). Pág. 4

[4] Kastilla Carlos, El control de convencionalidad un nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso Radilla Pacheco.  http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/pdf/derint/cont/11/pim/pim20.pdf 
[5] Carbonel, Miguel, Ponencia de Miguel Carbonell en el Seminario Praxeología de los Derechos Humanos. Debate del nuevo marco constitucional. Mesa 3. México ante la Jurisdicción ... http://www.youtube.com/watch?v=gcQXv6nErUI&feature=share

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