Pide diputado Luis de Guadalupe al Gobierno no despojar documentos a ahorradores defraudados


+ Advierte el Legislador que los afectados podrían utilizar papeles para acciones legales futuras contra defraudadores
SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, febrero 10.- El diputado panista Luis de Guadalupe Martínez Ramírez propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Gabino Cué Monteagudo a que en la entrega de apoyos del Fideicomiso de Pago a los Ahorradores Defraudados (Fipago) no se les despoje de sus documentos originales porque éstos podrían servir para acciones legales futuras en contra de los defraudadores.
El Legislador por el XV distrito electoral con sede en Huajuapan de León recordó que con el apoyo de Fipago, el Gobierno del Estado inició la entrega de recursos económicos a los defraudados por cuatro cajas de ahorro, por un monto de 309.2 millones de pesos en beneficio de unas 12 mil personas.
Durante la sesión ordinaria de Congreso el miércoles 8 de febrero, Martínez Ramírez propuso la iniciativa con punto de acuerdo y refirió que los ahorradores fueron afectados por las cajas Casandoo, Sacriputla, Cofia y Nuevo Milenio, y hasta ahora han recibido el 70 por ciento de sus ahorros perdidos y recuperado con ello parte de su patrimonio.
En su exposición de motivos, explicó que el Fipago, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bansefi, Condusef y el Instituto Federal de Concurso Mercantil, sumaron esfuerzos para hacer posible la recuperación de cantidades de dinero que se pensaban irrecuperables.
Indicó que el Gobierno estatal, siguiendo probablemente las reglas de operación del fideicomiso federal, cada que realiza un pago a la parte defraudada despoja a éstos de sus documentos originales, y con ello “prácticamente se está liberando al defraudador de cualquier castigo”.
El Legislador panista consideró que lo correcto sería que cada vez que se realice un pago al defraudado, el Gobierno del Estado levante un acta por el dinero entregado y deje a salvo los derechos de los defraudados para que éstos ejerzan sus derechos consignados en el documento, pero la autoridad no debe coartarlos.

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