Después de los loxichas, ¿Y la calidad moral de Diódoro Carrasco?

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Por: Eulalia Rocha/vozdelsur.com.mx

Han pasado 16 años de la represión que sufrieron los  pueblos  loxichas durante el gobierno del entonces priísta Diódoro Carrasco Altamirano, quien  hoy enfilado en el Partido Acción Nacional (PAN) busca el Senado por Oaxaca minimizando aquel hecho que dejó presos políticos, desaparecidos, torturas, desplazados,  persecuciones  y ejecuciones.

Muchos que supieron de la historia de “miedo”, como lo describen los indígenas zapotecas de la Sierra Sur, se preguntan de dónde saca “calidad moral” el ex gobernador para aspirar a otro escaño, cuando aún no se aclaran los  asesinatos-desapariciones y existen presos políticos de su mandato en los penales de Ixcotel, Etla y Miahuatlán.

Y es que pese a que el también ex secretario de gobierno (1999-2000) del mandato de Ernesto Zedillo ha declarado en diversas ocasiones que la intervención de las fuerzas federales y estatales en la zona  Loxicha fue  para frenar al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y mantener la estabilidad en Oaxaca, no se pueden olvidar los muertos, viudas, huérfanos; desaparecidos y presos que dejó dicha acción.

El 28 de junio de 1996 el EPR conocido como una organización guerrillera en defensa de los campesinos e indígenas principalmente, hizo su primera aparición en el Estado de Guerrero, dos meses más tarde, el 28 de agosto lo hizo en Oaxaca; manifestándose contra la represión y el despliegue de fuerzas militares en pueblos revolucionarios, orquestados por el Gobierno Federal encabezado por Ernesto Zedillo.

La madrugada del 29 de junio, el EPR tomó la comunidad de La Crucecita, Huatulco,  ahí se enfrentó contra la Policía Estatal Preventiva, el Ejército y la Marina; donde cayeron abatidos elementos de las corporaciones policiacas,  la Marina y eperristas. El 31 de agosto un nuevo enfrentamiento dejó abatidos a soldados y guerrilleros.

Fue este hecho lo que generó  la persecución de los indígenas loxichas, pues a ellos señaló el gobierno diodorista como integrantes del EPR y responsables del ataque, siendo la región  uno de los principales puntos antipriístas del Estado.

En San Agustín Loxicha, San Mateo Río Hondo, Magdalena Loxicha, Candelaria Loxicha  y otras comunidades de la Sierra Sur se  orquestó una persecución que derivó en un gran número de violaciones a los derechos humanos: según la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), más de 200 detenciones ilegales, más de 100 casos de tortura, así como desapariciones forzadas, presos políticos, abusos sexuales, desplazados y ejecuciones, entre ellas la de   Celerino Jiménez Almaraz, quién sin prueba alguna en su contra, en 1997 fue aprehendido  por elementos de la entonces Policía Judicial que lo sacaron de su hogar arbitrariamente. Dos días después su familia encontró su cadáver.

En marzo del 2011, el Gobernador Gabino Cué firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  “un reconocimiento de responsabilidad y una propuesta de reparación del daño a la viuda de Celerino Jiménez, María Estela García Ramírez.

Como este, se dieron diversos abusos contra los pueblos loxichas bajo la complicidad del aparato estatal dirigido por Diódoro Carrasco.

Otro caso derivado de ese ataque fue la detención del líder de la OPIZ,  Juan Sosa Maldonado, quién en 1998 fue torturado y encarcelado por órdenes del ex mandatario.

Sosa Maldonado versa  en una carta pública a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que  a 5 meses de que terminara el sexenio del cuicateco; “durante 25 infernales días fui sometido a torturas físicas y psicológicas, en una cárcel clandestina, para obligarme a declarar miembro del Ejército Popular Revolucionario.”

Luego agrega “El domingo 09 de agosto de 1998 fui trasladado y entregado a otros miembros de la Policía Judicial del Estado en la ciudad de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, fui encarcelado en el reclusorio de aquél lugar; durante 45 días fui sometido a ilegal segregación e incomunicación, en una celda carente de siquiera un hoyo para mis necesidades fisiológicas…”

En septiembre de 1999, Juan Sosa fue trasladado a la Penitenciaría de Santa María Ixcotel, donde permaneció cinco meses, pues “Diódoro”, en su calidad de Secretario de Gobernación, ordenó su  traslado al penal de máxima seguridad  “Almoloya”. Ahí se encontraban más indígenas acusados de pertenecer al EPR bajo la fabricación de delitos y chantaje político.

Aunque en mayo de 2001, alcanzó su libertad, el acoso, afirma, no ha terminado para los loxichas, aún hay desplazados y gente que teme por su seguridad, traduciéndola como “temor a Diódoro”.
Por este caso, indicó Sosa Maldonado, se abrieron denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra el ex Gobernador y ahora candidato al Senado.

Carrasco Altamirano niega que haya habido persecución contra los loxichas y opositores del PRI,  justifica el actuar de las fuerzas estatales y federales asegurando que estaba en juego la seguridad nacional; además niega que se hayan prefabricado pruebas en contra de los indígenas e indica que sólo se aprendió a los responsables de los asesinatos de elementos de la Marina, del Ejército y Policía Estatal.

Para la parte ofendida el caso aún no está cerrado y en reiteradas ocasiones ha señalado que el ex priísta busca el Senado para evadir la justicia por “crímenes de lesa humanidad”.

No  sólo enfrenta estas acusaciones, también ha sido señalado por los “abusos de poder” cometidos durante su gestión ante la Secretaría General de Gobierno, como la utilización de una alta cantidad de recursos federales para la construcción de un aeropuerto particular en su rancho ubicado en Cuicatlán.

Asimismo, se le vincula con Miguel Álvarez, señalado como uno de los principales actores que provocaron la emboscada a la caravana de observadores que se dirigía a San Juan Copala en el 2010, donde perdieron la vida Alberta (Betty) Cariño Trujillo y el Finlandés  Jyri Jaakkola.

Fue el legislador priísta Héctor Pablo Ramírez Puga, que en ese año acusó que Diódoro Carrasco se reunió con Miguel Álvarez y planearon la visita a San Juan Copala “con el afán de provocar una tragedia y decir que en Oaxaca había violación a los derechos humanos”, según un artículo del Universal del 1 de mayo del 2010.

De acuerdo a  la nota,  Puga Leyva declaró que "Diódoro sabía de los inconvenientes de ir a la región sin tomar precauciones y aún así, convocó a los militantes de la APPO y a extranjeros para vender la idea equivocada en el ámbito internacional de que Oaxaca es un territorio sin ley".

Es entonces que el pueblo de Oaxaca se pregunta con qué calidad moral se atreve Diódoro Carrasco a buscar el Senado evadiendo responder sobre el costo social de la persecución a los loxichas y la represión durante su mandato.

Aún así hay quienes aseguran que a través de Gabino Cué,  Diódoro Carrasco regresó al Gobierno del Oaxaca y es él “el poder tras del trono”.

“Él es el verdadero operador político en el Estado, el fascista es quien está atrás de Gabino Cué de quien muchas personas pensaron que sería el cambio en las obsoletas formas de gobernar, hoy se dicen engañados” manifestó el , dijo el dirigente de la OPIZ,   Juan Sosa Maldonado.

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