Muy extraña la rapidez con que el gobierno del Estado de Veracruz se apropió del acuario, que -desde su inauguración en 1992, hace treinta años-, fue administrado de forma impecable por un consejo de administración conformado por personas honorables y muy destacadas de la sociedad veracruzana, sin intervención directa de ningún tipo de autoridad gubernamental.
Quienes a lo largo de estos treinta años supervisaron su
administración, -profesionales de gran experiencia -, jamás cobraron por
participar en este consejo de tipo ciudadano. Por ello, la salud financiera del
acuario siempre fue extraordinaria y transparente.
Por tanto, su rentabilidad siempre fue una tentación para
los gobiernos locales, -que sin embargo-, respetaron su autonomía operativa y
financiera. Los ingresos del acuario siempre se utilizaron para el
mantenimiento del mismo y nadie se benefició de ese capital. Los únicos que
percibían salario eran los trabajadores y ejecutivos que se dedicaban de tiempo
completo a operarlo.
De este modo el acuario logró generar un importante
patrimonio.
Sin embargo, ahora, a treinta años de su inauguración, -argumentando
irresponsabilidad de los funcionarios a cargo del acuario en la muerte de un
manatí-, el gobierno del estado publicó el decreto de desaparición del
fideicomiso, el cual fue dado a conocer en el número 192 de la Gaceta Oficial
del Estado de Veracruz, con carácter de número extraordinario. ¿Por qué la
prisa?
Con toda seguridad el objetivo principal de esta
expropiación gubernamental con sabor a despojo para la sociedad veracruzana es
la alta rentabilidad de su operación, derivada de un manejo impecable de sus
finanzas y honestidad de quienes han pasado por el Consejo de Administración
durante estos treinta años.
Según dio a conocer Jaime Rivero Mantecón, presidente del
patronato que administró el acuario, el capital que será entregado al gobierno
del Estado de Veracruz, -correspondiente al fideicomiso-, son 120 millones de
pesos.
Rivero Mantecón explicó también que el valor actual del
acuario es de 800 millones de pesos.
Durante 30 años fue tan transparente la operación del
acuario que tenían supervisión continua de la Comisión Nacional del Agua, de la
Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría del Medio Ambiente estatal, así
como la Secretaría de Finanzas y la Contraloría del Estado de Veracruz.
Ha trascendido en diversos medios de comunicación que la ONG
veracruzana Earth Mission, -dedicada a la preservación ambiental-, ha informado
que ese manatí falleció en enero de 2022 en el dragado del Rio Camarón, -municipio
de Ignacio de la Llave-, obra realizada precisamente por la PMA, la Procuraduría
Estatal del Medio Ambiente y no murió en el acuario.
Es significativo que sea precisamente la PMA, -institución
del gobierno del estado-, quien acusa al Comité Técnico del Acuario de Veracruz
de la muerte de este ejemplar. ¿Por qué no investigar esta explicación de Earth
Mission antes de extinguir el fideicomiso?
Si hubiese habido negligencia, sería justo y entendible castigarla de
acuerdo con la gravedad de las responsabilidades.
Sin embargo, todo parece indicar que el tema del manatí era
lo de menos. Si no hubiera sido este el argumento idóneo para señalar como
irresponsable a una administración de tipo privado, habrían buscado otro.
Definitivamente esta
forma de llevar a cabo una expropiación genera un antecedente peligroso para
las instituciones que opera la sociedad civil de forma exitosa. Este modelo expropiatorio
pone en riesgo a escuelas privadas, así como a los centros de rehabilitación desarrollados
por Teletón, -denominados CRIT-, o cualquier proyecto filantrópico de la
sociedad civil.
Es urgente defender la autonomía del fideicomiso del Acuario
de Veracruz, pues lo que está en juego es el Estado de Derecho.
CUBA… VENEZUELA Y NICARAGUA
Es evidente que lo que está detrás de la defensa de estas
tres naciones como participantes de la Cumbre de las Américas, es un proyecto
personal del presidente López Obrador: la búsqueda del liderazgo regional, para
convertirse en vocero del bloque de países integrados en el Foro de Sao Paulo.
Convertirse en defensor de estas tres dictaduras
latinoamericanas, -depredadoras de los derechos humanos-, no obstante que
representa una incongruencia ideológica para quien se ostenta como un
convencido demócrata, tiene gran rentabilidad política y electoral, pues al asumir
esta postura se erige de modo natural como el defensor de los pueblos
vulnerables frente a lo que los socialistas denominan el “imperio yanqui”.
Este fue el sueño del presidente Luís Echeverría durante su
gestión presidencial. Promovió el concepto “tercer mundo” para denominar a los
países en desarrollo y convertirse en su guía, no obstante que este término lo
había acuñado veinte años antes, -en 1952-, el economista francés Alfred Sauvy para
denominar a los países que no estaban alineados ni al bloque occidental, ni al
comunista.
Sin embargo, lo que hay que dejar claro es que apoyar a los
gobiernos autocráticos de estos tres países significa para México convertirse
en cómplice de la represión en contra de los pobladores y ciudadanos de estas
tres naciones, a quienes estas dictaduras les han robado las más básicas de sus
libertades: la de disentir de su gobierno, la de desarrollarse en busca de
mejor calidad de vida, libertad para decidir por su futuro y libertad para
formar un patrimonio propio.
La solidaridad con el pueblo… -el auténtico pueblo de estos
tres países-, se practica luchando en contra de sus opresores, o sea de sus
gobiernos.
CUBANÓFILOS
Es fácil ostentarse como socialista disfrutando las
comodidades de una sociedad democrática, que incluso permite y estimula que
exista oposición. Así fue como la 4T llegó al poder, a través de las
oportunidades brindadas por esta imperfecta democracia que hoy representa el
INE.
Si creen tanto en las bondades del gobierno cubano ¿Por qué los
cubanófilos de banqueta mexicanos no se van a vivir a esos países, a trabajar
como uno más de sus pobladores?... ¿Por qué siguen aquí?
Será que los legisladores morenistas salen cada noche, -después
de una ardua sesión en la Cámara de Diputados y en la de Senadores-, toman el
metro en la estación Central Tapo, -o suben a sus cochecitos Tsurus- y se van a
descansar con sus familias en sus casas de 55 metros cuadrados de área
habitable, como las que poseen gran parte de los trabajadores que obtienen
crédito de Infonavit.
Será que los líderes de MORENA y los legisladores de ese
partido envían a sus cónyuges e hijos para que se atienden en el ISSTE o en el
IMSS y sus hijos se educan en escuelas públicas.
Ese sería el estilo de vida de un socialista congruente con
su ideología. Sin embargo, por un lado alaban los postulados de izquierda, -aplauden
a los dictadores que gobiernan Cuba, Venezuela y Nicaragua- y por otra viven
ellos y sus familias en la opulencia que les permite este gran país, que se ha
construido con el esfuerzo de la gente productiva, que se desenvuelve en la
iniciativa privada. Es tiempo de desenmascarar esta farsa que va a terminar por
empobrecer a los que hoy aún viven con comodidades, sin que esto signifique mejorar
la calidad de vida de los que menos tienen.
Cubanófilos váyanse a vivir a Cuba, donde los esperan con
los brazos abiertos.
LA EXTORSIÓN
Sin juzgar si el veredicto del juez de control Felipe de
Jesús Delgadillo Padierna es correcto o nó en su decisión de no vincular a
proceso a los abogados vinculados con Julio Scherer, quien fuera asesor
jurídico del presidente López Obrador y mantiene una disputa fuerte con el
fiscal Gertz Manero, la respuesta de la FGR pone en riesgo la independencia del
Poder Judicial.
Definitivamente la FGR tiene todo el derecho de
inconformarse con el veredicto del juez e interponer los recursos legales que
considere apropiados, pues ejercer el rol de parte acusadora es una de sus
funciones dentro de la impartición de justicia.
Sin embargo, amenazar al juez informando que abrirá una
carpeta de investigación penal en contra del juez Delgadillo, es extorsión para
doblegarlo.
Echar abajo su decisión con base en argumentos jurídicos y comprobando
la culpabilidad de los hasta ahora exonerados, es parte del proceso jurídico y está
dentro de las atribuciones de la FGR. Sin embargo, intimidarlo para que sin
estar de acuerdo cambie el veredicto, es extorsión.
Cada vez más queda en evidencia que esta administración de
la FGR restira la liga de la ilegalidad, lo cual pone en duda la autoridad
moral que debe tener una institución tan importante como lo es la Fiscalía
General de la República.
Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal ,-institución
que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder
Judicial de la Federación-, exigir respeto para el juez y ponerle un alto a la
FGR y al fiscal, pues parece que mezclan sus atribuciones institucionales con
rencillas personales.
¿A usted qué le parece?
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross
