El gobierno federal no sólo ha confiscado el dinero de fideicomisos que fueron creados para resolver problemas del país y de los ciudadanos. Ahora pretende eliminar 20 programas sociales del presupuesto del año 2023.
Entre estos 20 programas que desaparecerá el gobierno
federal, hay algunos que afectarán a los productores rurales, hay otros que
afectarán a la atención a la atención médica, otros a la educación, a la
infraestructura portuaria, también a la preservación del medioambiente, entre
otros.
Con el anuncio de la instrumentación de la política denominada
“pobreza franciscana” durante los últimos dos años y medio que faltan de este
sexenio, este gobierno exprimirá aún más a la infraestructura gubernamental,
reduciendo de forma demoledora los servicios públicos que fueron creados, -en
otros gobiernos-, para brindar servicios para la ciudadanía.
Sin embargo, durante los casi cuatro años que lleva este
gobierno, con la encomienda presidencial de actuar con apego a la austeridad
republicana-, se confiscaron millonarias cantidades de dinero etiquetadas para
actividades específicas que ya no se pudieron aplicar… ¿dónde fue a dar ese
dinero?, pues no se le ha seguido el rastro, para saber en qué se ha gastado… o
si simplemente está guardado, esperando el momento. La opacidad ha sido
absoluta. El decretazo presidencial que pretendía convertir en “información
reservada” toda la inversión pública destinada a los tres proyectos del
presidente, nos muestra esas intenciones.
Ahora que la morenista directora general del CONACYT, María
Elena Álvarez Buylla reconoció que más de 10 mil proyectos dejarán de
realizarse al extinguirse los fideicomisos que estaban dedicados al desarrollo
de la ciencia y la tecnología, -los cuales suman casi 22 mil millones de pesos-,
¿en qué se utilizarán?
Con estos indicadores podemos visualizar cómo será esta
nueva etapa de fin de sexenio.
El costo social de la falta de los programas y fideicomisos
cancelados ha sido de alto impacto en los ámbitos de salud, educación,
seguridad e incluso infraestructura operativa.
Sin embargo, ese dinero ahorrado por el gobierno federal en
casi cuatro años ¿a dónde se ha invertido? O ¿en qué se ha aplicado?
La opacidad con que se ha administrado el dinero ahorrado, nos
orilla a suponer que se ha invertido en los tres proyectos estratégicos presidenciales.
Sin embargo, seguramente lo recaudado, -a partir de los ahorros logrados en la
medianía republicana-, en estos casi cuatro años de este gobierno, -más lo que
se logrará apretando aún más el presupuesto-, podría rebasar el costo total de
los tres proyectos.
Echando a volar la imaginación, ¿será que estos ahorros
estarán siendo guardados en algún cochinito que se romperá durante las
elecciones del 2024… a favor de MORENA?
Bueno… esto es simple especulación… seguramente producto de
la imaginación… ¿A usted qué le parece?
¿QUIEN ES RESPONSABLE DE LOS ABUSOS POLICIACOS?
Las benditas redes sociales exhiben los abusos policíacos y
dejan constancia testimonial de lo que los mexicanos hemos sabido desde
siempre: Las policías del país abusan de la autoridad legítima que les confiere
la ley. Sin embargo, ese abuso constituye un delito.
¿Dónde está la responsabilidad de sus jefes? ¿Dónde están
los programas de capacitación?... ¿Cómo se instrumentan los protocolos para la
detención de ciudadanos infractores, con apego a los derechos humanos?
No se puede exigir a los policías una conducta honorable
cuando no se ha fijado un estándar de actuación que sea su referencia. Si no se
les explica qué se espera de ellos, no se puede criticar su actuación.
Además, un alto porcentaje de las conductas inmorales y no
éticas de los policías responden a la exigencia de cuotas económicas fijadas
por sus jefes, desde siempre, por lo cual, salen de la estación de policía con
el objetivo de extorsionar ciudadanos para cumplir con sus superiores.
Esto es un problema estructural, multifactorial, donde
prevalecen “usos y costumbres”, valores podridos y doble moral. Pero lo más
importante es la falta de voluntad política desde la presidencia de la
república. Por supuesto que es una actitud iniciada desde sexenios atrás, pero que
también prevalece en este, donde se ha consolidado un pragmatismo político que
irradia perversidad.
Este pragmatismo, -que es parte de la cultura política del
partido en el poder-, no sólo es perverso, sino absolutamente surrealista, como
quedó patente en las declaraciones de la alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat
Caballero, grabada en un video donde ella está flanqueada por un funcionario
que porta uniforme tipo militar y que no se inmuta mientras ella exige a los
negocios víctimas de la delincuencia organizada que “paguen sus facturas” con sus
extorsionadores, para que el crimen organizado no afecte a la ciudadanía. A su
vez, pide a los delincuentes que no se ensañen con la ciudadanía, sino sólo con
quien se resista a cumplir sus obligaciones con sus agresores.
¿Esto quiere decir que los comerciantes extorsionados que no
pagan su cuota a los delincuentes son culpables de la violencia criminal y el
terrorismo?
¿Sabrá esta funcionaria que en México aún existe el estado
de derecho, amparado por la Constitución? Es su total responsabilidad brindar
protección a absolutamente todos sus gobernados y esto no excluye al sector
empresarial. Ningún funcionario público puede evadir este mandato
constitucional.
¿Qué autoridad gubernamental le ha llamado la atención a la
alcaldesa?... ¿La gobernadora de su estado?... ¿El presidente de la
república?... ¿El fiscal?... ¿La SCJN?... nadie.
El silencio cómplice legitima.
Y… ¿La cúpula empresarial?... No se ha manifestado en
solidaridad con los microempresarios, que son las principales víctimas del
cobro de piso.
Manifestarse en abstracto, -en contra de la violencia-, es
una narrativa ambigua. Debiese enfocarse en contra de las autoridades omisas e
irresponsables que no protegen de la violencia y extorsión al sector productivo.
Esta actitud, -de la alcaldesa Caballero-, describe la
actitud de la 4T en contra del sector productivo, -del que se deslinda-, como
si no tuviese los mismos derechos de la ciudadanía. Esto representa un acto de discriminación.
Dejar pasar esta actitud de la alcaldesa abre la puerta a
que pronto la posición gubernamental evolucione y algún día, -frente al secuestro-,
sea de deslinde después de culpar a la familia de la víctima por no haber
pagado con prontitud y diligencia el rescate exigido, así como a las víctimas
de violencia de género y feminicidios por no haberse rendido ante su agresor.
Con esto queda implícito que el Estado Mexicano asumió como
normal la sumisión de las autoridades legítimas al crimen organizado. Esto genera
el riesgo de volver a repetirse con otros alcaldes y quizá algún gobernador.
Esta tolerancia y permisividad gubernamental envalentona a
los delincuentes, pues se sienten reconocidos por la autoridad que está legitimada
por la Constitución.
La secretaria de Seguridad Pública de la nación, Rosa Icela Rodríguez,
informó que ya se tienen identificadas las causas de la violencia. Sin embargo,
lo que urge conocer son las estrategias para combatirla.
Seguir instrumentando las mismas estrategias fallidas nos
llevará a los mismos resultados.
¿Qué podemos esperar en el futuro?
¿A usted qué le parece?
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del perfil de R. Homs: es de David Ross
