Este gobierno lleva cuatro años ejerciendo un poder absoluto
como no lo ha tenido ningún otro de los tres presidentes anteriores. Por tanto,
lo que sucede hoy ya no es culpa de ningún gobierno anterior. Es el momento de
hablar de responsabilidades.
Este gobierno tomó control del país al día siguiente de que el
INE reconoció su triunfo en las urnas, imponiéndose sobre el presidente en
funciones, un presidente que se había debilitado durante las elecciones y
parecía urgido de dejar el cargo. Nunca había sucedido ésto en los últimos
años.
Por tanto, el nuevo gobierno empezó a tomar decisiones importantes
desde julio del 2018, como el cierre de negociaciones del T-Mec, por ejemplo. De
este modo podemos considerar que este será un sexenio de seis años y medio y ya
cumplieron cuatro años gobernando.
Entre el legado que dejará destaca un deterioro creciente de
la seguridad pública, estimulado por la inacción, -muy sospechosa-, que ha
permitido a grupos delincuenciales tomar el control absoluto de varias zonas territoriales
del país, sojuzgando a cientos de miles de familias mexicanas, -¿o quizá
millones?-, que son dominadas como si viviesen en la época medieval, sin la
protección de las instituciones del Estado Mexicano ni de sus leyes.
Es tal el abuso y la costumbre de evadir responsabilidades respecto
a los graves problemas del sector salud, que López Gatell, durante su
participación en la 75 asamblea de la Organización Mundial de la Salud, -organizada
en mayo pasado en Ginebra Suiza-, culpó a los estilos de vida fomentados
durante los gobiernos neoliberales de los riesgos del COVID.
Inaudito politizar la ineficiencia gubernamental cuando se trata
de la salud y la vida de millones de mexicanos. ¡Qué desfachatez!
Politizar hasta las tragedias personales que viven los
mexicanos vulnerables refleja ausencia de calidad moral.
La victimización en la narrativa gubernamental actual es
cotidiana. Este gobierno culpa a los conservadores de no permitirle cumplir con
sus responsabilidades y promesas de campaña, pues dice que estos luchan por conservar
sus privilegios y se oponen a las reformas de la 4T.
No es lo mismo estar de espectador en el rol de oposición, -haciendo
activismo social y político y prometiendo resolver los problemas complejos “en
tres patadas”-, que asumir el compromiso de cumplir esas promesas desde un
gobierno tan absolutista como el actual.
Si los problemas no se resuelven, o es por incapacidad, o
por falta de voluntad de quien debe dirigir las acciones correctivas.
El presidente Ernesto Zedillo en tan sólo tres años revirtió
una de las peores crisis económicas que ha vivido México, que fue la de
diciembre de 1994, que generó una crisis financiera mundial denominada “El
efecto tequila”. Sin embargo, entregó unas finanzas sanas a su sucesor… Eso es
saber gobernar.
Sin embargo, lo peor que podría suceder es que aprovechando
su ineficiencia este gobierno pida al pueblo nuevamente su voto para tener más
tiempo para cubrir sus promesas y sus responsabilidades.
La crisis de seguridad pública es responsabilidad de los
actuales funcionarios, pues fueron elegidos para resolver los problemas que en el
momento de la elección existían, pues aseguraron saber cómo hacerlo.
LEYES “A
MODO”
El diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruíz propone
reformas constitucionales para que se excluya del ámbito de este importante
recurso jurídico a tres conceptos estratégicos, que son: “áreas estratégicas de
la economía nacional”, “bienes del dominio directo de la nación” y “planeación
nacional del desarrollo”. En pocas palabras, para impedir que los amparos
obstaculicen las obras estratégicas de la 4T, o sea, las favoritas del
presidente.
En pocas palabras con ésta iniciativa legislativa se
pretende legalizar la opacidad, precisamente cuando el mundo evoluciona hacia
la transparencia: Esto es el mundo “al revés”.
Cuando las leyes estorban, “pues cambiamos las leyes”. Esta
es la visión de la justicia según la “democracia morenista”.
La figura jurídica del “amparo” es uno de los íconos de la
jurisprudencia mexicana y una aportación al mundo.
Fue creada el 5 de febrero de 1857 y reformada en 1917 como
una protección constitucional al ciudadano y a las instituciones de la sociedad
civil, respecto de los abusos del Poder Ejecutivo.
El gobierno que como oposición exigía “libertad” es hoy el
que nos la restringe.
¿NO MENTIR?
La promesa que se adjudica a Javier May, -director general
de Fonatur-, respecto a que las pensiones de los adultos mayores se irán incrementando
año con año gracias a las ganancias que dejará el Tren Maya es una mentira
descarada, pues el presidente López Obrador ya cedió la administración y las
posibles ganancias del Tren Maya al ejército.
Está circulando en redes sociales un video grabado el pasado
28 de junio en una reunión de este funcionario público con habitantes de la
comunidad de nombre Pomuch, en Campeche. Estaba haciendo estas cuentas alegres
seguramente para convencer a los pobladores de las comunidades cercanas al Tren
Maya de las bondades de esta megaobra.
Por lo tanto, o lo desmiente el presidente en la próxima mañanera
antes de que esta mentira se propague, o deberá ser incluida en “quien es
quien… en las mentiras de la semana”.
Hay mala fe en esta promesa, pues es imposible que el
director general de FONATUR no sepa que las ganancias del Tren Maya ya tienen
dueño. Además… ¿En cuantas décadas la multimillonaria inversión económica utilizada
en su construcción será amortizada con las utilidades que deje su operación?
Será posible tener utilidades si los gastos de operación y
mantenimiento terminan siendo inferiores a los ingresos. Sin embargo, quienes
disfrutarían de estos beneficios, -cuando los hubiere-, serían los militares.
No sobra la aclaración respecto a que si hubiese utilidades
operativas… ¿estás se canalizarán a la hacienda pública para restituir el
capital invertido? … ¿O si el capital se irá a fondo perdido y las utilidades
operativas ya serán para los militares?
¿A usted qué le parece?
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross
