Hoy la justicia es la aspiración de todos los mexicanos, pero este gobierno la ha contaminado y prostituido para que sirva a sus propios fines políticos.
En estos cuatro años de supuesta moralización ya hemos visto
lo que es “justicia con sabor a venganza”, como la que vivió Rosario Robles. Denunciar
esta injusticia no la exime a ella de que, -si tiene cuentas pendientes-, que
las pague. Sin embargo, el ensañamiento sádico, -brincándose los protocolos de
la jurisprudencia constitucional -, ¡no tiene nombre ¡
Sin embargo, la “justicia con sabor a extorsión” la estamos
viendo ahora en contra del PRI, para doblegarlo y obligarlo a que suelte el
Estado de México en la elección para gobernador del 2023.
La justicia en estos tiempos se utiliza como arma electoral.
Sin embargo, también se aplica como arma de negociación política, como ha
sucedido con Alejandro Moreno y su gestión al frente del PRI.
Si por el lado jurídico no se lograse gran cosa, por lo
menos la embestida mediática contra lo que queda de reputación del que fue el
principal partido político de México, -durante décadas-, y a quien le deben su
formación política el presidente López Obrador y la camarilla fundadora de
MORENA, quedará dañada y vulnerable.
También existe la utilización de la justicia como “estrategia
de distracción”, que es la que se ha instrumentado como parte de la revisión
del caso Ayotzinapa, con el fin de borrar de la mente pública el terror de la
semana negra en Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, sin olvidar que Michoacán es
un foco rojo de alerta. Incendios, bloqueos y asesinatos marcaron esa semana a
partir del 10 de agosto pasado.
Si bien el tema Ayotzinapa es un asunto muy importante por
tratarse probablemente de un “crimen de estado”, por la conjunción de
autoridades: omisas unas, colaboracionistas otras y las que investigaron la
escena del crimen parecían estar movidas por una aberrante perversidad para ocultar
la verdad y dar a conocer una muy conveniente “a modo”, llama la atención la
oportunidad del momento en que se detonó la investigación, a partir de la bomba
mediática que fue la detención del ex fiscal Murillo Karam.
Este suceso se convirtió en tendencia y esfumó a todas las
noticias referentes al crimen organizado, que es el dolor de cabeza de este
gobierno.
No se puede negar que en los casos que se convierten en
justicia contaminada de política generalmente existen indicadores de delitos
cometidos, -o por lo menos-, de corrupción.
Sin embargo, el “cómo se aplican hoy los procedimientos
jurídicos” representa un interés ajeno a los principios básicos del derecho y
de la deseable justicia.
Tomando como referente el caso Ayotzinapa podemos cuestionar
la oportunidad del momento en que la bomba mediática se detonó, -de modo
conveniente-, como apagafuegos. Ya ni recordamos la “semana negra”.
Si realmente se quiere saber qué sucedió en Iguala, el
camino es someter a investigación a funcionarios militares que pueden estar
involucrados, -como se está haciendo por primera vez con los 20 mandos militares
y elementos de la tropa, -ya indiciados-, que en estos días han sido detenidos.
Sin embargo, además habrá que pedir información a la
Secretaría de la Defensa, que es quizá el organismo más confiable del país en
lo relativo a servicios de “inteligencia”, tanto por su disciplina, cobertura
territorial y sistemas de investigación. Hoy se sabe que, de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, -uno de nombre Julio César López-, era militar infiltrado y en
activo, cuya responsabilidad, -además de estudiar-, era reportar lo que sucedía
en la escuela. Él debió haber reportado, -seguramente por WhatsApp o alguna
otra aplicación-, por lo menos el inicio de la agresión, así como la ubicación
física de su celular. Ahí hay mucho que investigar.
La justicia como venganza y peor aún, -como extorsión-, es
la peor modalidad de la corrupción.
Nos han querido manipular desde este gobierno a partir de la
narrativa que define que la corrupción sólo existe con fines económicos, a
favor de un funcionario público o un grupo de interés.
Sin embargo, esta añeja modalidad de corrupción sólo nos
roba dinero. La peor corrupción es la que toma algo tan noble y sensible como
lo es la justicia, para obtener ventajas políticas. Esa es la peor de todas las
formas de corrupción pues generalmente lleva daños colaterales para gente
inocente, ingenua o con responsabilidad relativa, además de que estimula la
práctica de la tortura para acomodar los hechos.
Los mexicanos lo único que queremos es “justicia a secas”,
sin aromas, olores, sabores, colores o simples adjetivos.
La crisis moral de la manipulación de la justicia es una
bomba de tiempo.
ABIGAIL HAY
El caso de Abigail Hay, detenida en Salina Cruz, Oaxaca, -simplemente
por estar discutiendo en su auto con su pareja y horas después aparecer estrangulada
en la comandancia de policía-, nos refiere nuevamente a la grave crisis en los
servicios policiacos.
El sistema está en crisis porque no existen protocolos para
la detención de posibles infractores y delincuentes, ni procesos que garanticen
la correcta actuación de las corporaciones policiacas durante la averiguación y
menos aún una certificación de la idoneidad de los policías para merecer el
cargo.
Se otorga poder, autoridad jurídica y hasta un arma de cargo
a personas que no son entrenadas para la función que deben cumplir. No se
conoce la calidad moral de las personas con tratadas. Sus antecedentes
laborales y penales no son tomados en cuenta, pues es posible que los
despedidos por cometer faltas graves, -incluso tortura-, luego aparezcan
laborando en otra corporación.
Los protocolos para garantizar la confianza de los policías
desde hace años son obligatorios, pero jamás se aplican por desidia de alcaldes,
gobernadores, así como de las instituciones de seguridad pública. Ante este
panorama es fácil entender que los cuerpos policiacos estén infiltrados por la
delincuencia organizada o incluso sometidos a ella.
El sistema policiaco ¡es un desastre¡
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Fotografía
del perfil de R. Homs: es de David Ross
