Desafortunada, -pero además insolente-, la forma en que el presidente López Obrador se dirigió a LA CEM, -Conferencia del Episcopado Mexicano-, que aglutina a toda la alta jerarquía católica de nuestro país, frente a su petición de mantener al INE tal y como está hasta hoy.
En su mañanera, -queriendo parecer conciliador ante su
público-, mandó el mensaje de que estando cerca del Papa Francisco le importa
un comino lo que piense la alta jerarquía de la Iglesia en México y que seguirá
adelante con su proyecto.
Parece no entender que las formas diplomáticas que
caracterizan a los verdaderos estadistas se conforman de sutilezas y no de
confrontación. Los grandes estadistas, -como el Papa-, saben leer entre líneas
el sentido real de las intenciones y no se dejan guiar en sus percepciones por
las lisonjas baratas, que en realidad son una abierta agresión a la institución
religiosa que él representa.
Con toda seguridad el Papa Francisco, -como un experimentado
hombre de estado que es-, debe tener un detallado soporte informativo, -actualizado
casi en tiempo real-, sobre lo que está sucediendo en México y en Latinoamérica.
Sin duda su respaldo va a ser a favor de su gente, en la que confía.
Muchos de los obispos hoy en funciones fueron seleccionados
por él para dirigir las diócesis que actualmente encabezan.
¿A quién le va a creer el Papa? ¿Al presidente López Obrador,
o a su propia gente?
Los Papas, -en función de su liderazgo espiritual y moral-,
deben ser hombres de modales suaves, conciliadores, pero a final de cuentas son
estadistas experimentados que entienden perfectamente las reglas de la política
global y tienen convicciones firmes. Si no fuesen así, no se entendería el rol
que jugó el papa Juan Pablo II en la disolución de la Unión Soviética y ni se
diga, en la caída del régimen comunista y la llegada de la democracia en su
país natal, -Polonia-, apoyando al sindicato Solidaridad encabezado por Lech
Walesa, que incluso llegó a ser presidente de su país.
Nuestro presidente debiese manifestar más respeto auténtico
por lo que representa la Iglesia Católica en este país y no tentar al tigre.
Con lisonjas baratas no se oculta la natural animadversión por la alta
jerarquía religiosa que hoy, -después del asesinato de los sacerdotes jesuitas
en el municipio de Urique, en la sierra de Chihuahua a manos de un cártel-,
pintó su raya con su forma de hacer política.
Debemos reconocer que la alta jerarquía de la Iglesia
Católica de México fue bastante empática con él y su gobierno durante los
primeros años de su administración. Fue notorio que los altos prelados
religiosos compartían sus postulados humanistas y de protección a los más
vulnerables.
Si hay alguna institución cercana a los sectores más
vulnerables del país, es la Iglesia Católica y confrontarse con ella siguiendo
sus modos de que “quien no está conmigo está contra mí”, podría llevar grandes
sorpresas. Por algo el pueblo mexicano es eminentemente guadalupano.
Sin embargo, después de apoyarlo en sus inicios, -creyendo
en sus buenas intenciones-, se les acabó la paciencia.
Apelar a una cercanía con el Papa Francisco, -que
evidentemente no existe-, y con ello confrontar a sus legítimos representantes
en México, es una peligrosa apuesta, pues se arriesga a que desde el Vaticano le
den alguna respuesta.
Como decía Juan Gabriel: “lo que se ve… no se juzga”.
CNDH E INE
La intervención de la presidenta de la CNDH Rosario Piedra
Ibarra apoyando la reforma electoral fue desafortunada e inoportuna. Hasta el
Consejo Consultivo de este organismo desconoció la propuesta de doña Rosario
para transformar al INE.
A la presidenta de la CNDH le queda muy grande el legado moral
de su madre, la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra. Ella ha nulificado a
una institución que debiese tener un rol fundamental para garantizar los
derechos humanos para todos los ciudadanos, en estos tiempos violentos.
Doña Rosario, más que asumir la responsabilidad de convertirse
en defensora del ciudadano frente a los excesos de poder, se ha convertido en
un dique, -o muro de contención-, para evitar que se moleste a su jefe, el
presidente de la república. Su simple presencia ocupando el cargo que hoy
ostenta, -y su total inacción-, impidieron que hubiese llegado a la CNDH algún luchador
social independiente y comprometido con las causas ciudadanas, y que estuviese realizando
acciones que incomodasen al gobierno federal.
DE SENTIDO COMÚN
Que la mayoría de la población apruebe la reforma electoral
que propone el presidente López Obrador es entendible y de sentido común.
Un presidente que tiene aún un alto nivel de aprobación y se
ha convertido en un activista y promotor de sus propios proyectos, es lógico
que convierta sus deseos personales en un voto de confianza que le otorgan sus
seguidores, lo cual queda de manifiesto en la encuesta que organizó el INE hace
un par de meses.
Sin embargo, eso no significa que quienes apoyan su
propuesta electoral estén conscientes de sus implicaciones, ni de su impacto en
el futuro de la democracia. Es un apoyo emocional e incondicional, no un voto
razonado.
Varios de los planteamientos incluidos en la propuesta de
reforma, -como la disminución del presupuesto que se otorga a los partidos
políticos, así como la disminución del número de legisladores son temas susceptibles
de manipulación subjetiva, porque capitalizan el resentimiento público en contra
del abuso inobjetable de la clase política. Además, que la elección de
consejeros sea través de una elección pública, podemos interpretarlo como la ejecución
de un derecho democrático. Por ello el resultado de la encuesta es totalmente
comprensible.
Sin embargo, en la defensa del INE está faltando una
verdadera narrativa que describa ante la sociedad el impacto futuro, y los
riesgos implícitos en los planteamientos principales de esta propuesta de
reforma. Una defensa abstracta puede ser vulnerable de cara a la ciudadanía.
EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL INE
La esencia de este afán de acumulación de poder y recursos implícita
en la propuesta de reforma electoral, -propuesta por el presidente-, queda
evidente en el apartado donde dispone que las propiedades e inmuebles del INE pasen
directamente al Instituto para “Devolver al Pueblo lo Robado”, en lugar de
transferirse directamente al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es
el organismo que sustituiría al INE.
¿Será que los inmuebles del INE provienen de actividades delictivas?
Consideremos que lo que por ley incauta el “Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado” proviene de la delincuencia o de la corrupción.
Sin embargo, el patrimonio del INE todos sabemos que es totalmente legal, lo
cual significa que ese instituto no tendría por qué adjudicarse estas
propiedades.
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